Pilar López Marco, aparecido en la Web de UPyD en Aragón
Captar 1. tr. Percibir por medio de los sentidos o de la inteligencia, percatarse, comprender.
Diccionario de la RAE
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de «medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en el ámbito de la provincia de Barcelona». Tras varias piruetas lingüísticas, la medida contemplada en dicho Real Decreto se ha denominado finalmente «optimización» de los caudales ya regulados mediante la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas de Tarragona, más conocido como «minitrasvase del Ebro-Tarragona. Resulta incluso extraño que el Gobierno se atreva a pronunciar la palabra maldita, aunque sea para afirmar que «no se va a efectuar ningún trasvase adicional de agua desde la cuenca del Ebro a las cuencas internas de Cataluña, solo su «reasignación coyuntural». Sin embargo, en esto de la terminología, el Partido Socialista, tan aficionado a la memoria histórica, parece haber perdido la suya.
En efecto, según se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 8 de abril de 1981, precisamente en el debate sobre el proyecto de la ley que hoy mismo el Consejo de Ministros ha decidido reformar, el PSOE afirmaba rotundamente: «trasvase es trasvasar o traspasar aguas de una cuenca a otra, aunque sea ese trasvase de una entidad menor comparado con el volumen de agua que se trasvasa en otros proyectos.». Por tanto «estamos ante un proyecto de trasvase de aguas» no de «captación de caudales».
Al margen de estas sutiles distinciones terminológicas y de la diferencia que existe entre trasvasar agua para consumo humano o para fines de infraestructuras, sorprende el empeño que tiene el Gobierno en no utilizar el término trasvase, cuando el propio portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, al ser preguntado por qué evitaba esta palabra contestó: «como llamemos a las cosas, es lo de menos». Pues entonces… ¿Por qué el tabú? Evidentemente la respuesta tiene mucho que ver con la «perversión del lenguaje» que –como ha denunciado reiteradamente Rosa Díez- ha acabado pervirtiendo la política. En palabras del presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, «el político que defienda un trasvase en Aragón tendrá complicaciones». O sea, que el Sr. Iglesias se preocupa más por los problemas que a él le puede traer la palabra de marras, que tan ubérrima cosecha de votos le viene produciendo, que por solucionar los de los ciudadanos españoles. Bien podría el Sr. Iglesias dedicar a su amigo Zapatero aquellos versos de Miguel Hernández: [Me tiraste un limón, y tan amargo]...
Al menos –todo hay que decirlo- se agradece que el alcalde de Zaragoza, Sr. Belloch, conocido ex ministro «bicéfalo» de justicia e interior en la última etapa del gobierno de Felipe González, afirmase sin rodeos que «no se puede engañar con las palabras», y que «el proyecto de abastecimiento de agua a Barcelona, es un trasvase». Porque los ciudadanos queremos que los profesionales de la política hablen claro y con sinceridad, y sean coherentes, no importa el partido que representan. Lo que demandamos es que estudien de forma concienzuda todos los datos y variables, al margen de que finalmente se estime que su propuesta –razonada- es la óptima (que no la máxima) para solucionar el problema, o se acepte otra mejor.
Hablando de coherencia política, los antecedentes legislativos de estos «minitrasvases» ponen de manifiesto precisamente todo lo contrario. En primer lugar, tenemos la citada ley 18/1981, de uno 1 de julio, que acordó destinar al abastecimiento urbano e industrial de municipios de la provincia de Tarragona un caudal equivalente al que se recuperase del destinado al aprovechamiento agrícola del Delta del Ebro, con el límite máximo de cuatro metros cúbicos por segundo, previa concesión administrativa. Según consta en el Diario de Sesiones del Congreso, el partido proponente, la extinta UCD, alegaba entonces como principal motivo de la propuesta la importantísimo expansión industrial y turística experimentada por Tarragona en la última década que había llevado a un fortísimo desarrollo demográfico y económico y, por lo tanto, a un incremento de todo tipo de demandas y muy especialmente de la demanda de agua para abastecimiento de poblaciones y para usos industriales.
Pues bien, el Partido Socialista se opuso a dicha iniciativa. Sin embargo, ya en el 2001 mostró su conformidad con la modificación de la ley de 1981 para que el agua llegase también a Barcelona. De hecho, así lo solicitó expresamente en su enmienda a la totalidad del proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional. Pero, apenas cuatro años más tarde, tras ganar las elecciones en 2004, el PSOE volvió a cambiar de opinión y en la Ley 11/2005, de 22 de junio, que modificaba el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular, acordó suprimir la previsión legal que permitía prolongar el minitrasvase hasta la provincia de Barcelona. Según consta en el Diario de Sesiones, se proponía dicha supresión «por congruencia con la decisión de la Generalidad de Cataluña de no llevar a efectos la interconexión de redes».
Más incoherencias. Resulta que detrás de esa decisión de la Generalitat estaba el pacto suscrito el 10 de Octubre de 2003, entre los dirigentes del llamado gobierno tripartito: José Montilla, Carod-Rovira y Joan Saura, quienes firmaron con la Plataforma en Defensa del Ebro el Compromiso de los Partidos Políticos por el Ebro, un documento en el que se pedía la retirada del proyecto de conexión de las redes CAT-ATLL «porqué representa un inicio del trasvase del Ebro y porqué Cataluña no necesita más concesiones de agua de otras cuencas». El mismo tripartito – ¡qué voluble!- reclama ahora las obras que un su día denostaba, y todo ello sin explicar claramente a los ciudadanos si más allá de intereses políticos hay motivos de fondo, técnicos, económicos y medioambientales que justifiquen la medida.
Curiosamente, buceando en los documentos que permiten refrescar la frágil memoria histórica de los políticos, nos encontramos con unas palabras de el ex ministro de trabajo, Sr. Caldera, pronunciadas con ocasión del debate del proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional 2001: «para resolver este tipo de problemas enconados y difíciles, como el del agua, la democracia tiene un método: el diálogo. El diálogo para alcanzar un consenso; para que la solución una los distintos territorios, no para dividir ni para fracturar. Para vertebrar, para cohesionar. Esa es la oferta –decía Caldera- que hace el Grupo Parlamentario Socialista: se la hacemos porque nuestra convicción es que un tema de esta naturaleza necesita un gran acuerdo político y social.»
¿No resultan familiares estas palabras? Aunque en este caso no puede decirse que estuviese copiando – ojalá lo copien todos– el programa de UPyD… Esperemos al menos que esta idea del consenso en el tema del agua sea de las que vayan a engrosar el patrimonio fundacional del nuevo «ente de pensamiento» que va a crear el Sr. Caldera.
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